Así lo ha manifestado la presidenta del CERMIN, Mariluz Sanz, tras la aprobación definitiva del texto legal con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, que recoge buena parte de las medidas planteadas por el sector de la discapacidad organizado en torno al CERMIN en la Comunidad Foral.

 

El CERMIN lleva dos años colaborando con el Gobierno de Navarra, con la Consejería de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por medio del Consejo para la promoción de la accesibilidad universal y de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, a través de Gobierno Abierto y de un grupo de trabajo creado para este fin, formado por miembros del Gobierno e integrantes del Comité Ejecutivo de la plataforma de la discapacidad.

 

En todo caso, la presidenta del CERMIN ha hecho especial hincapié en la necesidad de que la Ley Foral de Accesibilidad Universal se lleve realmente a la práctica y para ello es absolutamente necesaria la consignación presupuestaria plurianual en los presupuestos generales de Navarra así como la regulación de la mencionada Ley. De este modo, se evitará volver a repetir la mala experiencia que supuso para el colectivo de las personas con discapacidad el período de vigencia de la Ley Foral 5/2010, de Accesibilidad Universal y Diseño para todas las personas, puesto que ninguno de los derechos garantizados en dicha norma pudieron llevarse a la práctica. 

 

 

La nueva legislación de accesibilidad alude a la necesidad de que “Navarra cuente con una Ley Foral de Accesibilidad Universal adaptada a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y a la normativa y estrategias más recientes, para seguir  avanzando en la consecución de una sociedad inclusiva y accesible que garantice la autonomía de las personas, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades”, yendo más allá de lo que se había conseguido con la anterior normativa, aprobada en 2010. 

 

Para ello, especifica que la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas debe ser un elemento transversal presente en todas las políticas públicas de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra.

 

En esta línea, la Ley Foral de Accesibilidad Universal mantiene la obligación de la emisión, con carácter preceptivo, en los procedimientos de aprobación de los proyectos de leyes forales y de disposiciones reglamentarias por el Gobierno de Navarra, de los informes de impacto de accesibilidad y discapacidad. Esta exigencia ya estaba prevista en la Ley Foral 5/2010, pero hasta la fecha no ha sido cumplida, y ahora se extiende a las corporaciones locales navarras.

 

En cuanto a medidas concretas, la nueva ley amplía los requisitos y exigencias de accesibilidad establecidos en 2010 en materia de acceso a la información y las nuevas tecnologías; recoge la obligatoriedad de que los transportes sean plenamente accesibles para garantizar la libertad de movimiento de las personas con discapacidad o personas mayores, y alude al diálogo civil con las organizaciones de la discapacidad a través de los diferentes organismos establecidos al respecto. 

 

Asimismo, se incrementa el requisito de reserva de viviendas protegidas para personas con discapacidad (desde ahora, con la promoción de 18 viviendas, habrá que reservar una, mientras que antes se tenía que hacer a partir de 33).

 

Del mismo modo, la ley incluye la necesidad de que las administraciones adopten medidas para garantizar la accesibilidad en ámbitos como la relación de éstas con la ciudadanía con discapacidad, así como que se garantice también la accesibilidad en ámbitos como el empleo, la educación, el patrimonio, la cultura, o el ocio, entre otros.

 

Por último, el texto legal recién aprobado en el Parlamento navarro incide en la importancia de adoptar medidas específicas para personas con discapacidad que además cuenten con otros factores que incrementan su situación de vulnerabilidad social, como puede ser el caso de las personas con discapacidad LGTBI, con pluridiscapacidad o pertenecientes a etnias minoritarias.